Que Colombia sea un país extremadamente desigual no es un secreto para
nadie, aunque para la mayoría de su población sí lo sean sus causas. Una de
ellas, quizás la más importante, está
relacionada con la forma injusta en que sus habitantes aportan para financiar
los gastos del Estado, es decir, lo que pagan en impuestos.
El propio gobierno reconoce que en Colombia los grandes grupos empresariales
pagan –proporcionalmente- menos impuestos que los asalariados y trabajadores
independientes. Para el año 2011, los impuestos que no pagaron los primeros le
costaron al país 6 billones de pesos, mientras se niegan recursos para la
educación, la salud, los alimentos, la vivienda y cientos de necesidades
básicas insatisfechas para los colombianos.
En este escenario de injusticia y después de la promesa presidencial de
“hacer llorar a los ricos”, se radicó ante el Congreso una reforma tributaria
que no solo mantiene los privilegios a los más ricos de los ricos, sino que se
los aumenta, financiados por los más pobres y la clase media. Por un lado se disminuye
el impuesto a la renta del 33 al 25%; por otro se gravan los ingresos de los
trabajadores por más de 2.3 millones de pesos mensuales y se aumenta el IVA a
bienes y productos sensibles. Hasta el ‘corrientazo’ se gravará con un impuesto
de 7%.
Cambiar esta situación obliga a la sociedad a conocer a fondo la manera
como el Estado se apropia de una buena parte de los ingresos y no los retribuye
en beneficios sociales. Por tal motivo, presentamos la campaña Lo justo y necesario, para exigir a
los grandes capitales nacionales y extranjeros que muestren lo que pagan y
demandar que sea lo justo. Para
reclamarle al Estado que retribuya a la población lo necesario para mejorar su calidad de vida.
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