La actual reforma tributaria no
resuelve las desigualdades económicas y tributarias de Colombia, y además, es
otra reforma laboral. Los objetivos que
anuncia el gobierno de generar empleo y disminuir la desigualdad, chocan contra
su misma propuesta de cargar con más gravámenes a los trabajadores, y
reducirlos a los grandes capitales. Miremos:
1. La reforma parte de la falsa creencia, aplicada durante 20 años, que asegura que una disminución en los costos salariales se traduce en un aumento del empleo. Según Eduardo Sarmiento esta “política fracasó. En los 10 años siguientes el desempleo se mantuvo por encima de 10%, la informalidad superó el 65% y los ingresos del trabajo en el PIB declinaron. El efecto fue opuesto”.[1]
El presidente de la Asociación de Instituciones Financieras, ANIF, Sergio Clavijo, advierte que “esa reforma no serviría para movernos hacia la contratación formal, pues siempre se concluirá que “más trabajadores” implica “menos utilidades”[2]. También lo reafirma el presidente de Electrolux, quien dice que su empresa solo contrata cuando el mercado lo requiere, y los impuestos no son una variable directa. Así las cosas, para el empresario la reforma “sólo hará a mi compañía más rentable”[3].
El gobierno propuso
disminuir en 13.5% los costos laborales, eliminando algunas cargas en
parafiscales de la siguiente forma: 2% para el Sena, 3% para el ICBF y 8.5%
para la salud. En su reemplazo propone la creación de una Contribución en la
Renta para la Equidad, CREE, de 8% sobre el impuesto a la renta. Este plan sale
de un ejercicio teórico de un “modelo de equilibrio general estático”,
realizado en una tesis de grado en 2008, asesorada por el actual Ministro de
Hacienda[4].
El resultado lo que indica es que para que una disminución de los costos
salariales tenga efectos sobre la informalidad laboral, debe ser cubierto con
un “impuesto sobre los ingresos brutos”, no sobre la utilidad. Pero bueno, eso
dice la tesis que asesoró el ministro Cárdenas, otra la realidad.
Las cifras en el
mundo auténtico son distintas: hoy se recaudan 6.7 billones de pesos -producto
del trabajo- para Sena, ICBF y salud. Reemplazarlo por un impuesto sobre la
renta, a cifras actuales, representa 3.6 billones de pesos (el 8% del ImpoRenta
que se paga hoy son 2.7 billones. El impuesto nuevo, el CREE, se cobrará sobre
este impuesto, sin exenciones. Según cálculos propios, basados en cifras del
Banco Mundial[5], este 8%
sin exenciones significaría -en el mejor de los casos- 880.000 millones más al
recaudo actual). El resultado es que el capital recibiría beneficios
adicionales por 5.8 billones (más los 6 billones que ya reciben), consecuencia de
bajar el impuesto sobre la renta del 33 al 25% y reducir los costos laborales
en 6.7 billones. Además, según el analista Aurelio Suárez, habría que agregar
que la liquidación de las exenciones sería mayor, como consecuencia de bajar la
tasa del impuesto.
Esta situación pone
en aprietos, hasta incluso extinguir, entidades tan caras como el ICBF y el Sena; y le suma más problemas
financieros a la salud. Fórmula que dará como resultado menos atención social
para los colombianos. Cambia una contribución sobre un ingreso fijo: el
salario, por un gravamen a una utilidad variable, que en caso de ser cero,
también lo sería su aporte a estas instituciones. Conscientes de esto, el gobierno
calcula que en el primer año de aplicación de la reforma el déficit será de 2.2
billones de pesos, financiados “excepcionalmente” con “cargo del Presupuesto
General de la Nación” [6]. Como se
sabe, el principio de regla fiscal con la que opera el presupuesto, impediría
crear un gasto permanente para financiar dichas instituciones.
2.
La segunda medida contra los trabajadores
es el llamado Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, IMAN, presentado como un
impuesto “progresivo para la equidad”. La reforma hace un análisis exhaustivo
sobre cómo los trabajadores de más altos ingresos pagan proporcionalmente menos
impuestos que los de más bajos impuestos, pero no hace ni uno solo sobre cómo
el impuesto a la renta está sesgado a cobrar más a los pequeños y medianos
empresarios, y a llenar de beneficios a los grandes monopolios nacionales y
extranjeros. Así, por ejemplo, mientras un empresario común debe pagar el 33%
de renta, el sector minero y el financiero, los que más ganan, pagan el 16 y el
8.3 por ciento, respectivamente.
La propuesta de
reforma grava los ingresos de los trabajadores que devengan entre 2.3 y 8
millones al mes, con una tarifa creciente entre 2 y 5%, hasta alcanzar una
tarifa de 15% para salarios mayores a 25 millones. El proyecto del gobierno
parte de la lógica perversa de que los ejecutivos de Claro y el Grupo Aval son
unos millonarios privilegiados, mientras sus dueños, Carlos Slim y Sarmiento
Angulo son unos pobres sacrificados.
La academia, las centrales
sindicales, los pequeños y medianos empresarios nacionales, los estudiantes
(futuros trabajadores) y los colombianos en general, debemos estar atentos a la
discusión de la reforma tributaria. Este proyecto avanza en el mismo camino de
profundización de la pobreza y con el cual Colombia logrará la medalla de oro
como el país más desigual del planeta. De la misma forma como se derrotó la
reforma educativa y la reforma a la justicia, debemos frenar esta reforma
tributaria injusta.
@JusTributaria
[1] Reforma tributaria con propósitos inciertos.
Eduardo Sarmiento. El Espectador, 7 octubre de 2012
[2] Parafiscalidad laboral:
¿acaso importa la fuente del gravamen? Sergio Clavijo
[3] ANIF: “Menos impuestos no
garantizan más formalidad”. La República, 10 Octubre de 2012
[4] La tesis se llama: Costos laborales: una
aproximación teórica a sus efectos. Sandra Rozo. Ensayos sobre política
económica, Banco de la República, diciembre 2008.
[5] El gasto tributario en Colombia. Banco Mundial,
junio 2012.
[6] Exposición de motivos al
proyecto de Ley “por medio del cual se expiden normas en materia tributaria y
se dictan otras disposiciones”. Ministerio de Hacienda, Octubre de 2012
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